En una decisión que sacudió la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha ordenado la inmovilización inmediata de 22 helicópteros Black Hawk que eran utilizados por el Ejército y la Policía de Colombia. Estas aeronaves, clave en la interdicción de cargamentos de droga y el transporte de tropas en zonas críticas del país, quedarán en tierra por tiempo indefinido.
La medida responde a la política de Trump de congelar fondos destinados a la ayuda internacional, una estrategia en la que se hicieron excepciones únicamente para programas de alimentos de emergencia y la asistencia militar a Israel y Egipto. Sin embargo, para Colombia, el impacto es inmediato y devastador: sin repuestos, sin mantenimiento y sin combustible, la operatividad de estas aeronaves se ha reducido a cero.
Fuentes oficiales confirman que los helicópteros, que actualmente se encuentran en Mariquita (Tolima), Putumayo y Bogotá, no podrán seguir cumpliendo su misión en la lucha contra el narcotráfico. La decisión de no solo compromete operativos clave en la erradicación de cultivos ilícitos y la interdicción aérea, sino que también deja al país en una posición vulnerable frente a organizaciones criminales que dependen del tráfico de drogas.
Mientras el Departamento de Estado de EE.UU., dirigido por el senador Marco Rubio, prepara un pronunciamiento oficial, la incertidumbre crece en los altos mandos de la seguridad colombiana. ¿Es este un mensaje de presión política o un golpe estructural a la cooperación binacional en la lucha contra el narcotráfico?
Lo cierto es que, con esta decisión, Colombia pierde una herramienta vital en su combate contra el crimen organizado. Y en un país donde la lucha contra el narcotráfico define su estabilidad y seguridad, la pregunta es inevitable: ¿Qué consecuencias traerá este freno en la batalla contra las drogas?